La noticia se informó así en el diario La República:
A pesar de haberse detectado hace un mes la presunta interceptación telefónica en la sede del gobierno regional de Piura, aún no se ha realizado ninguna denuncia ante la Policía Nacional o el Ministerio Público para recoger las evidencias e iniciar una investigación del hecho tipificado como delito contra la privacidad de las comunicaciones.
Según el informe técnico elaborado por una empresa especializada, se detectaron tres sospechosas conexiones telefónicas que procedían de las oficinas de la Presidencia, Gerencia General y de Administración, y se dirigían a la parte externa de la institución como parte de una “tela de araña de cables”.
Aunque no hay pruebas concretas del ‘chuponeo’, el presidente regional Javier Atkins afirmó a la prensa que son gajes del oficio y al parecer a los ‘compañeros’ de trabajo les encantaría escuchar las conversaciones privadas.
Aseguró que el hecho se sabía hace un mes y ha sido superado con el retiro de los cables ‘chuponeadores’ y la limpieza completa del cableado telefónico. “Si nos han grabado o no, no lo sé, pero se han cortado esas conexiones y no creo que merezca una investigación”, afirmó Atkins.
La autoridad dejó entrever que las conexiones clandestinas vendrían de mucho tiempo atrás. Atkins reemplazó en el cargo al aprista César Trelles Lara.
Por su parte, el secretario técnico del Consejo de Lucha contra la Corrupción, José Díaz, y el consejero delegado, Nicolás Valladolid, exigieron una investigación de la presunta interceptación telefónica, y que denuncie ante el Ministerio Público para determinar responsabilidades en el delito contra la privacidad de las comunicaciones.
Por su parte diario El Correo pide la intervención del Ministerio Público. Así publicó en el primer párrafo de la noticia:
El presidente regional Javier Atkins Lerggios, prefiere ponerle punto final al caso del chuponeo en el Gobierno Regional, pero el Ministerio Público debería iniciar una investigación de oficio porque se trata de un delito que lesiona un derecho constitucional.
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